Ignorar la evidencia climática por ideología sale caro, advierten dos académicos

Los académicos Marcelo Mena y Alex Godoy plantearon, en una columna publicada por La Tercera el 7 de noviembre de 2026, que ignorar la evidencia climática por razones ideológicas tiene un costo social y económico para Chile. Mena es académico de la PUCV y exministro del Medio Ambiente; Godoy es académico de la UDD, integra el Comité Científico en Cambio Climático del MinCYT y es coordinador líder del IPCC.

Según los autores, los fenómenos asociados a El Niño, intensificados por el cambio climático, son una realidad nacional. Ante un inminente sobrepaso del umbral de 1,5 grados de calentamiento, sostienen que el país enfrenta lluvias históricas, aluviones y tornados. A su juicio, hay sectores que presentan la acción climática como un freno al crecimiento y promueven recortes presupuestarios, algo que la evidencia científica y económica contradice.

Los costos de las emergencias climáticas

Mena y Godoy enumeran pérdidas de infraestructura, daños a las industrias agroalimentaria y portuaria, presiones inflacionarias y riesgos para la estabilidad bancaria por la pérdida de valor de los activos y las perturbaciones del comercio. A ello suman la inestabilidad geopolítica y los shocks de precios, que golpean a una economía todavía dependiente de los combustibles fósiles.

Los autores advierten además que una lluvia concentrada en pocas horas no resuelve años de déficit hídrico. Creer lo contrario, afirman, lleva a privilegiar políticas anacrónicas de almacenamiento por sobre la eficiencia y la gestión de cuencas, e ignora cómo la expansión urbana, las sequías y los incendios aumentan la vulnerabilidad ante inundaciones y aluviones. En su lectura, el país no pasa de la sequía a la abundancia, sino de un extremo a otro, acumulando daños, deudas y seguros más caros.

Energías renovables y minerales críticos como oportunidad

Los académicos señalan que el Banco Central y el Banco Mundial reconocen estos riesgos como amenazas para el desarrollo. También plantean que Chile puede beneficiarse de las soluciones: según su columna, en 2025 cerca de dos tercios de la generación eléctrica provinieron de fuentes renovables, junto con una expansión de las baterías.

Invertir en energía solar, eólica y almacenamiento, sostienen, reduce la dependencia de combustibles importados y la exposición de las familias a las crisis de precios. El transporte público eléctrico, agregan, disminuye la dependencia del diésel, la contaminación y el ruido. Esas inversiones, afirman, deben complementarse con adaptación en puertos, cuencas, viviendas y ciudades.

La descarbonización, según los autores, demandará cobre y litio para vehículos, redes y baterías, lo que representa una oportunidad de inversión, exportaciones e ingresos fiscales. Como referencia de contexto, la libra de cobre se ubicaba en 6,40 dólares el 6 de noviembre de 2026, según findic.cl.

Un consenso de Estado en discusión

Mena y Godoy recuerdan que los gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric impulsaron avances climáticos y energéticos que, a su juicio, consolidaron una política de Estado. Debilitar ese consenso, sostienen, supone desconocer los intereses económicos del país. Para ellos, la discusión de fondo es cómo actuar más rápido y mejor.

Los autores reconocen que un gobierno puede priorizar las emergencias, pero advierten que un Estado que renuncia a prevenir queda condenado a reconstruir permanentemente. Concluyen que las emergencias no desaparecen por ignorar sus causas y que anticiparlas es la vía hacia un país más seguro, competitivo y próspero.